España discute sobre enseñanza. El segundo borrador del anteproyecto de la nueva ley de educación se ha presentado a las Comunidades Autónomas. Y el nacionalismo que gobierna en Cataluña ha puesto el grito en el cielo. En realidad lo que se hace es intentar aplicar las sentencias del Tribunal Supremo para que los padres que lo soliciten puedan educar a sus hijos en español y no necesariamente en catalán. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, al que le gusta calentar los debates, se ha comparado con un toro que embiste para explicar su política lingüística.
El asunto de la lengua es sin duda importante. Como también lo son el que la asignatura de Religión tenga una alternativa o que la Educación para la Ciudadanía, materia que inventó Zapatero para adoctrinar, haya quedado disuelta. Pero se habla poco de una cuestión esencial: la nueva regulación de la subsidiariedad en el sistema educativo.
En España existe desde 1985 un "sistema de subsidiariedad vergonzante". Franco, en los primeros años de la dictadura, pretendió que todos los colegios fueran gestionados por el Estado. ¿Si él era un dictador católico para qué hacían falta colegios católicos? Pero la Iglesia se resistió a la estatalización y cuando llegó la democracia existía una amplia red de centros de iniciativa social que se mantenía con el apoyo de los padres y alguna subvención. A mediados de la década de los 80, el Gobierno socialista de Felipe González creó el sistema de conciertos. Es un sistema de "subsidiariedad vergonzosa" porque la integración de los centros de iniciativa privada en la red pública y su financiación no depende de la demanda social o de criterios objetivos sino de los Gobiernos regionales, en última instancia, de la subjetividad política. Es una solución lejana del modelo de servicio público que Le Grand definió hace 20 años como "choice and competition" (elección y competición). La planificación de la oferta en este caso no está en función de lo que demandan los padres. La legislación vigente establece que "las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población". Esta regulación ha servido para que, en muchos casos, los gobiernos regionales hayan restringido la concesión de conciertos, para los que había una alta demanda, y hayan seguido poniendo en marcha centros de gestión directa. La decisión se amparaba en el mandato de que era necesario "garantizar plazas públicas" suficientes, aunque pocos las reclamaran.
A pesar de que esta regulación ha sido un freno para la subsidiariedad, hay regiones como el País Vasco en las que un 50 por ciento de los alumnos están escolarizados en los centros de iniciativa social. Donde han gobernado los nacionalistas o el PP la tasa de escolarización en colegios concertados oscila entre el 30 y el 40 por ciento. En las regiones tradicionalmente gobernadas por los socialistas la ratio es mucho más baja.
La enseñanza de iniciativa social que se integra en la red pública supone un importante ahorro de 8.600 euros al año. El Informe Libertades ha puesto de manifiesto que un alumno en la enseñanza concertada cuesta entre 2.000 y 3.000 euros al año y que un alumno en la escuela pública de gestión directa cuesta entre 5.300 euros y 8.400. El fracaso escolar en los centros públicos de gestión estatal es del 33 por ciento y en los concertados, del 14 por ciento. Son cifras que tienen que ser parcialmente corregidas porque hay más alumnos extranjeros en la escuela de gestión estatal, pero en cualquier caso indican una mayor eficacia.
¿Pierde la nueva ley los complejos hacia la subsidiariedad educativa? El primer borrador era un desastre porque no cambiaba los criterios de planificación. Pero el segundo ha introducido ya algunas mejoras. Establece que la administración ofertará "plazas suficientes" sin especificar si son públicas o concertadas. Y además asegura que entre los criterios para desarrollar nuevos colegios estará la "demanda social". Algunos se han echado las manos a la cabeza y aseguran que esto supone una privatización. La mentalidad estatalista ha creado muchas resistencias. En realidad estamos ante una pequeña apertura hacia una subsidiariedad no vergonzante y, de hecho, algunos consejeros del PP la han considerado insuficiente. ¿Por qué la demanda social no va a ser el criterio más determinante a la hora de planificar la educación? Sin duda la Administración tiene que garantizar un servicio educativo para aquellos que no quieren colegios concertados. Pero es absurdo seguir gastando dinero en colegios que no les gustan a los padres. Más aún cuando la sociedad civil desde abajo ha generado iniciativas que, por fortuna y a diferencia de lo que ocurre en la sanidad, son sostenidas por entidades sin ánimo de lucro. De hecho el "choice and competition" exigiría un sistema aún más adelantado que los conciertos, por ejemplo el famoso cheque escolar.
P.D: La cultura estatalista tiene mucho que ver con el modo que tenemos de entendernos a nosotros mismos. El estatalismo, como la absolutización del mercado que hacen ciertos liberales, parte de una antropología negativa. Según esta mentalidad el hombre es un lobo para el hombre y sólo el Estado puede poner freno a sus desmanes. Más realista es reconocer que los unos estamos hechos para los otros y que el Estado, aunque es necesario para poner orden, no tiene por qué ser el protagonista de todo. Sin una antropología positiva y relacional va ser difícil salir de la crisis.
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