El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció anoche que la reforma de la ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas. En un foro organizado por La Razón, el ministro defendió la vida como "un derecho inalienable y no una concesión graciosa", el mismo día en que el cardenal Rouco reclamaba la derogación de la actual legislación.
Preguntado sobre qué sentido tomará la nueva ley, el ministro ha respondido que es "fácil de adivinar", si se atiende a los criterios que estableció el Tribunal Constitucional en 1985 cuando se pronunció sobre el aborto.
Un bien que proteger
"El nasciturus es un bien jurídico protegido, que tiene relevancia en la vida humana desde el mismo momento de su concepción si bien esa protección no es absoluta", ha explicado Gallardón en relación a la sentencia del TC. Según su explicación, el Ejecutivo ya ha recabado la opinión de "todos" los sectores afectados en la materia y en este momento está "articulando las ideas" que se transformarán en un texto legal previsiblemente tan duro o más que la ley de supuestos de 1985 y que dejará en papel mojado la actual ley de plazos.
De esta forma, el Gobierno sólo permitirá abortar si se cumplen una serie de "indicaciones" que hacen que "entren en conflicto" los derechos de la mujer con los del no nacido. Gallardón ha asegurado que el supuesto de peligro para la salud de la madre -que con la ley de los años 80 se convirtió en un auténtico coladero, lo que aumentó exponencialmente las interrupciones del embarazo- dejará de ser un "pretexto". Para ello, para someterse a la intervención no bastará con la "mera declaración" de la mujer de que sufre este peligro para su salud psíquica o física, sino que habrá que "constatarlo".
Malformación del feto
Asimismo, el titular de Justicia se ha mostrado contrario al aborto por razones demalformación del feto, pero no ha concretado como se trasladará esta oposición al texto legal. Por último, el Ejecutivo impedirá que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno y regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
Eso significa, ha añadido, que cuando entre en conflicto el legislador tiene que ajustarse a ese conflicto, si bien no "se puede tratar al concebido como ausente de cualquier tipo de protección".
Así, "el sistema tiene que ser de indicaciones y no de plazos", ha explicado el ministro, que ha argumentado que no se puede centrar la ley en el cumplimiento de unos requisitos formales: "hasta catorce semanas sí, catorce semanas más un día, no".
No obstante, el sistema de indicaciones también indica que los dos supuestos más importantes como son "el peligro para salud física y psíquica, no pueden ser considerados como pretextos para no proteger la vida del concebido", ha añadido.
En esos casos se deberán de acreditar esas condiciones, ha precisado el responsable de Justicia, al recordar que el Tribunal Constitucional establece que hay derechos para la mujer y para el niño, "por lo tanto cuando hay conflicto entre ambos el legislador tiene que actuar".
"No hay una vida menos valiosa que otra, ni mucho menos como consecuencia de una discapacidad", ha subrayado Gallardón.
Objeción de conciencia
Entre otros asuntos de la reforma de la ley, el ministro ha avanzado que se regulará la objeción de conciencia de los médicos al tiempo que ha manifestado que no considera que "un menor de edad sin consentimiento de padres" pueda abortar.
Al acto en La Razón han asistido, entre otros, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la ministra de Sanidad, Ana Mato, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
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